En la campaña electoral que concluyó en junio, la propuesta de Colombia Humana congregó a millares de personas en las plazas, despertó una ilusión de cambio en un segmento de la sociedad y generó una impresionante movilización en las urnas: más de 8 millones de votantes. A pesar de que los resultados de la segunda vuelta no alcanzaron para derrotar a la clase política tradicional, constituyeron, por primera vez en décadas, un doble desafío para la clase política colombiana. Para la élite política tradicional, el reto de tener como oposición una opción competitiva capaz arrebatarle el cerrado control político y cultural sobre el Estado. Y, para los diversos sectores del cambio, al verse en obligados a consolidar las adhesiones sociales de su proyecto político y traducirlas en una organización con poder territorial.
Gustavo Petro y Ángela María Robledo –sus principales referentes– están articulando, desde el Senado y el Congreso de la República, los debates en contra de las políticas conservadoras y autoritarias impulsadas por el Gobierno de Iván Duque. De esta forma, motivan al sector atraído por su proyecto político y se convierten en nucleadores de la convergencia de las bancadas progresistas que están en el Parlamento. La respuesta de la élite política tradicional, amenazada por el movimiento de masas que constituye la Colombia Humana, es la ejecución –por vía institucional– de todo tipo de medidas de ‘acoso y derribo’ en contra del nuevo progresismo colombiano
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