La corrupción es el segundo oficio más antiguo del mundo y, al igual que el primero, es una quimera esperar que desaparezca. Genera ineficiencia, gasto público, desigualdad, es difícil de definir, difícil de medir y más difícil aún de combatir. La vara con la que juzgamos la corrupción no mide igual a la que proviene del sector público de la que involucra al sector privado. La mejor categorización de la corrupción la dio el economista argentino Aldo Ferrer[1]: existen dos grandes cepas de corrupción, la circunstancial, que adopta la forma de sobornos recibidos por funcionarios públicos que utilizan en su propio provecho las potestades que les conceden sus cargos, y la corrupción sistémica, que tiene lugar cuando el aparato del Estado se pone al servicio de intereses contrarios a los del desarrollo y bienestar nacional. Por sistémica entiende la acción de “adoptar decisiones y políticas que generan rentas privadas espurias, no necesariamente ilegales ni directamente redituables para quien las adopta, que perjudican el interés público”.
Todas las fuerzas políticas, sin excepción, utilizan la corrupción como bandera política. Los liberales denuncian la corrupción circunstancial como ariete para combatir la propia existencia del Estado y ningún argumento es mejor que la evidencia palpable del funcionario corrupto en flagrancia para denostar al Estado. Para los progresistas, la bandera política es la corrupción sistémica, esa que desde la legalidad aparente permite a los gobiernos hacer enormes transferencias que siempre pagan los más desfavorecidos y disfruta el sector beneficiario de turno, a veces de origen nacional, muchas veces no.
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