Defender la tierra, el territorio, el agua y los recursos naturales resulta una tarea altamente peligrosa en un país como el nuestro. Liderar o integrar los movimientos de resistencia frente a los grandes poderes políticos y económicos de Guatemala, puede pagarse con la vida y la libertad. En algunos casos no se asesina a la persona, pero se le condena a la muerte civil que equivale a destrozar su liderazgo, su credibilidad, su reputación.
Ejemplos sobran. En el último tiempo se han incrementado los asesinatos de miembros de organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas. También los procesos penales y el encarcelamiento de sus líderes, como una acción “ejemplificante” de lo que puede pasarle a quien ose desafiar el poder de los terratenientes, de las empresas nacionales e internacionales que impulsan megaproyectos mineros, hidroeléctricos o de cultivos extensivos; o disputar el poder local a caudillos o narcotraficantes.
Hasta el momento no hay resultados concretos de las investigaciones sobre estos asesinatos, pero sí acciones contundentes para capturar y perseguir penalmente a los dirigentes campesinos, indígenas y comunitarios. El MP no investiga pero sí persigue. El doble rasero característico de la institucionalidad de un Estado racista al servicio de los poderes fácticos del país.
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