España está sumida en un proceso semejante al que se ejecutó en Brasil. Primero, los medios de comunicación crearon una distorsión de la realidad exagerando la corrupción del PT, que era real, y ocultando la de la derecha, generando ansiedad en el país y una demanda de acabar con la corrupción (del PT). Y, segundo, la Justicia procesó al carismático candidato de la izquierda, Lula Da Silva, lo encarceló y no le permitió presentarse a las elecciones. Un verdadero golpe de Estado ejecutado por medio de los medios de comunicación y la Justicia. Naturalmente, detrás estaban los EE UU de Trump, el Ejército y la oligarquía y la victoria de Bolsonaro se celebró con fuertes subidas en la bolsa.
No es casualidad que lo que ocurre en el principal Estado sudamericano le ocurra al Reino de España, que presume con altivez de hidalgo de ser Estado europeo, pero que en realidad ya se ha desnudado como el Estado corrupto y continuador del franquismo que es. Una democracia de una calidad muy parecida a la de algunos países del Este de Europa que se han integrado recientemente en la Unión.
Y lo que vivimos es una crisis de ese sistema político provocada y dirigida directamente por la oligarquía que desde una Corte que es un entramado de financieros, periodistas, militares, magistrados y políticos posee el Estado.
En España los medios de comunicación son el instrumento más claro de la oligarquía, que es su propietaria. Y así grupos como Prisa, Planeta (propietaria de Antena3 y LaSexta, La Razón y determinante en el capital de El Periódico) o Tele5 (Mediaset ), así como todas las cabeceras de Madrid colaboraron unánimemente en la etapa final del segundo Gobierno de Zapatero para llevar a Rajoy a la Moncloa. Lo que vino después fue la continuación, la demonización de los dirigentes catalanes y por extensión de la misma población catalana, el ocultamiento de la violencia contra la población allí y de las ilegalidades cometidas por policías, jueces y fiscales.
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