El juicio y condena a los ocho jóvenes de Altsasu por una pelea de bar con dos guardias civiles ha marcado un año judicial en el que, por fin, se ha puesto freno desde Europa a las causas por enaltecimiento del terrorismo.
2018 ha sido el año en el que el término presos políticos ha vuelto a ser objeto de debate y se ha retorcido el discurso sobre la legalidad de la autodeterminación al más puro estilo “qué fue antes, ¿el huevo o la gallina?”. Ha sido el año en el que se ha visto cómo torcer un tobillo a un guardia civil se presentaba a la opinión pública y a los tribunales como un acto terrorista -¿no ha sido siempre atentado contra la autoridad?- y se ha castigado con una condena ejemplarizante, mayor que la impuesta a La Manada. Ha sido el año en el que el surrealismo al más estilo Monty Python ha inundado los tribunales con causas penales por hacer algo que es mucho, mucho español, como es cagarse en dios.
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