México (PL) Llama poderosamente la atención la energía con la cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirige la batalla contra el robo de gasolina, un fenómeno de magnitud incomparable que priva a la nación del 10 por ciento o más de la producción petrolera nacional.
Esa actividad ilícita tuvo el tiempo suficiente para enquistarse dentro del tejido social, económico, industrial e incluso político de México como si fuese una arteria más del cuerpo nacional al extremo de que, según López Obrador, figuraba en los estados de cuenta del gobierno como pérdidas pues los presidentes desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto conocían el asunto
Las cifras suministradas por el gobierno son escalofriantes: los seis ductos de más de mil 600 kilómetros de longitud con 37 puntos operativos incluidas estaciones de redistribución y tanques de almacenamiento, estaban perforados con acometidas clandestinas por las que se iban a los depósitos particulares diariamente cientos de miles de litros.
Eso significa que quedaban fuera del control del Estado más de 60 mil de millones de pesos (tres mil millones de dólares) anuales, según las cifras dadas por el presidente López Obrador.
De la forma en que estaba estructurado el robo, que involucraba a los departamentos de la sede central de Pemex encargados de vigilar la presión para detectar fugas y cerrar las llaves para trancarlos, era virtualmente imposible eliminarlo sin clausurar preventivamente el suministro por tubería.

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