Francia se encuentra en una zona de fuertes turbulencias desde hace varios meses. La virulencia de los conflictos sociales ha sido durante mucho tiempo una característica importante que viene marcando la vida política de este país, así como un dato histórico de una nación que se cimentó, fundamentalmente después de 1789, sobre la base de una revolución de alcance universal, cuyas huellas –junto con las conquistas sociales de 1936, 1945 o las de 1968 –, siguen presentes en la memoria colectiva y en las instituciones, independientemente de los intentos de borrarlas.
Sin embargo, pronto se cumplirán 40 años desde que Francia, así como otros países del Norte, sin excepción, quedó atrapada bajo el yugo letal de las políticas neoliberales demoledoras. Éstas solo se pueden interpretar como una violencia social extraordinaria contra el mundo del trabajo. Sus efectos destructivos (para las personas y la sociedad, pero también para el medio ambiente) se propagan gracias a la complicidad del estado con los poderosos del momento. La situación empeora aún más por la enajenación de la soberanía nacional y el sometimiento a la Unión Europea, rechazada por los ciudadanos franceses en el referéndum de 2005 y que se les impone mediante una denegación de la democracia.
Actualmente, el sentimiento de malestar y descontento es generalizado. Iniciado a finales de octubre de 2018, el movimiento de los llamados "chalecos amarillos" representa otro levantamiento, pero se enfrenta al peor recrudecimiento de la violencia policial desde la guerra de Argelia. Ante los distintos llamamientos a la justicia social, las autoridades han optado por responder con más represión, hasta el punto de retroceder de forma extremadamente preocupante en los derechos humanos.
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