Las instituciones electorales latinoamericanas estuvieron fuertemente cuestionadas durante largos periodos políticos. Un debate álgido hasta finales de los años ochenta[i]. Luego de ello las instituciones cambiaron en algunos aspectos y los debates se han matizado, pero los problemas de fondo persisten. La constante de estos organismos y de los procesos electorales es el dominio de los partidos ligados al poder, bajo la tutela de la figura presidencial y las mayorías parlamentarias. La particularidad y diversidad de los procesos políticos de los países latinoamericanos hacen difícil unificar la anatomía de estos organismos, aunque tienen regularidades como la baja credibilidad entre los electores.
Son instituciones muy codiciadas por los partidos o movimientos políticos con aspiraciones electorales, aunque la opinión pública no conoce de ellas. Los organismos electorales, a partir de misiones norteamericanas, europeas y de organismos multilaterales, adquirieron niveles de organización profesional, que no les blinda de responsabilidad en la reproducción de problemas considerados centrales en las democracias, como la corrupción electoral, la manipulación de datos, la falta de transparencia en los conteos electorales y la baja regulación a la financiación de los partidos y los políticos. Siendo un poder fundamental, la ciudadanía conoce poco o nada de quiénes son los consejeros, o de cómo se eligen los encargados de gestionar los procesos eleccionarios, ni cuáles son los criterios de funcionamiento.
Las numerosas denuncias que han surgido en los últimos tiempos obligan a realizar una revisión sobre estos actores centrales del proceso democrático.
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