Impulsadas por un Estado de excepción con competencia electoral, las clases dominantes en Brasil cerraron filas en la elección del gobierno Bolsonaro. Una primera caracterización del proyecto económico, político e ideológico del nuevo gobierno puede definirse por una violenta restauración de la política económica neoliberal (privatización, disciplina fiscal, austeridad, desregulación, ataques y desaparición de servicios públicos como salud, educación, vivienda, agua, etc.) subordinada a una profundización de la acumulación financiera vinculada a su vez a una modalidad de reproducción ampliada del aparato de especialización productiva volcado a la exportación. El principal rasgo de este aparato productivo consiste en la primarización regresiva de la economía, lo cual implica un estado de crisis socio-ambiental permanente además de la acentuación del proceso de desindustrialización estructural.
En el marco de la crisis mundial y brasileña en particular, el fundamento del modo de acumulación reside en la centralidad de las relaciones de superexplotación del trabajo[1] aceleradas en Brasil por distintos vehículos: reforma laboral, el deterioro de derechos laborales, violación de contratos colectivos de trabajo, primacía de lo “negociado” sobre lo legislado, tercerización “total”, intermitencia y precarización del trabajo, incremento de la edad de jubilación, disminución pensionaria, financiarización-capitalización de los fondos de pensión, vaporización de la justicia laboral, desmantelamiento de organizaciones sindicales, flexibilización de las normas de regulación del trabajo esclavo, infantil, de seguridad y salud del trabajo, flexibilización de la “formalidad” laboral (cartilla de trabajo “amarilla”, “roja”), descalificación laboral, incremento del desempleo-desvalorización salarial, etcétera.
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