Se está por votar una ley denominada antiterrorista que más allá de todo aspecto técnico en debate, en los hechos es otro episodio más que contribuye a la militarización de la sociedad y la criminalización de la protesta. Frenar al fascismo es frenar el conjunto de mecanismos que lo fortalecen. Esta ley es uno de esos mecanismos.
Se enmarca en un proceso de criminalización de la protesta en Latinoamérica que impulsan EEUU y el Sionismo, mediante organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), con directivas a los gobiernos nacionales. Ejemplo de ello son los casos de Argentina y Chile donde la persecución y represión de la lucha Mapuche y la de los trabajadores de “Las Heras” es criminalizada con este tipo de leyes.
Esto se ve implicado dentro de las políticas represivas antiterroristas donde Uruguay, ya cuenta con 4 leyes; ley 17704 del 2003, ley 17.835 del 2004 (modificada por la 18.474), ley 19574 y este nuevo proyecto, que muestra el avance de la represión hacia las organizaciones sociales, así alineándose a las políticas internacionales dictadas por los intereses del capital transnacional.
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