Las cifras que se manejan en este sumario son abrumadoras. Se trata del procesamiento realizado por la Audiencia Nacional a 47 personas. Aclaremos que son vascas, a las que la fiscalía les pide un total de 601 años. En peticiones individuales abarcan de 8 a 20 años. De la singladura del sumario se desprende que la instrucción se inició en el año 2013, si bien alguna de las personas había sido detenida y estaba procesada por hechos idénticos ya en el 2010, en otro sumario. Seis años más tarde, y a partir del 16 de septiembre, se celebrará la vista oral en los locales especiales habilitados para los macrojuicios en San Fernando de Henares (Madrid), con una duración que se prevé de tres meses.
Este procesamiento masivo se encuadra dentro de varias operaciones contra las organizaciones de apoyo y solidaridad con las presas y presos vascos Herrira, Jaiki Adi y Etxerat 1/, y también afecta a varios abogados y abogadas que actúan en la Audiencia Nacional y al grupo de interlocución del colectivo EPPK, de presas y presos vascos. En realidad, según ellas y ellos manifiestan, se está tratando de criminalizar la solidaridad. Y no solo eso, sino los cuidados que se realizan para estas personas, tan reivindicados ahora por el feminismo oficial. Cuidar a las personas presas por parte de los médicos, las abogadas, las sicólogas y sicólogos, las propias familias, los interlocutores, lo quieren considerar un delito. Y un delito o varios muy gordos.
Fue el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el que acordó procesar por pertenencia o colaboración con organización terrorista a los 47 acusados de integrar presuntamente el denominado frente de makos (cárceles) de ETA, bajo la cobertura de los distintos entes de los que formaban parte.
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