La presidenta de facto, Jeanine Áñez, decreta la impunidad de los militares que usen armas de fuego contra la población civil mientras la respuesta al golpe de Estado se generaliza en todo el país.
La historia avanza en círculos en Bolivia. La palabra Senkata vuelve a sonar y en el mismo contexto que en octubre de 2003, cuando el enfrentamiento entre el ejército y los manifestantes de El Alto que bloqueaban el acceso al principal depósito de gasolina de la capital terminó con decenas de muertos.
Dieciséis años después, la historia repite protagonistas y escenario. Los vecinos de El Alto, en paro indefinido contra el golpe de Estado que ha forzado a dimitir al Gobierno de Evo Morales, llevan más de una semana bloqueando el acceso a esta planta de la petrolera estatal YPFB. Los manifestantes, movilizados por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, cuentan con el apoyo de miles de campesinos y estudiantes indígenas y campesinos llegados de las 19 provincias del departamento de La Paz.
Repite papel también el ejército. Ahora con la impunidad garantizada para todas sus acciones gracias a la aprobación del decreto 4078, que exime de cualquier responsabilidad penal a los militares que repriman las manifestaciones contra el gobierno elitista, racista y fundamentalista cristiano establecido tras la marcha de Morales a México.
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