Los grandes intereses del sector inmobiliario promueven una campaña mediática y judicial contra el derecho a la denuncia y el modelo de negociación colectiva que practica el Sindicato de Inquilinos de Catalunya y el movimiento por el derecho a la vivienda.
“La policía se ha presentado en mi antigua casa. Me imputan un delito sin ninguna prueba”. Con estas palabras Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Catalunya, anunciaba en Twitter la última vuelta de un caso que condensa como pocos el conflicto en torno al aumento de los precios del alquiler, las luchas desde abajo para hacerle frente y la reacción de los intereses inmobiliarios.
Se trata del conflicto que enfrenta a los inquilinos Juan y Livia con Esther Argerich, la propietaria del piso en el que viven desde hace 12 años. Muchos conocieron estos nombres por un vídeo de la portavoz de Podemos, Irene Montero, en el que se hacía eco de una amplia campaña de solidaridad del movimiento por el derecho a la vivienda e interpelaba a la casera con nombre y apellido para que negocie con sus inquilinos y evite el desahucio de esta familia con tres hijos.
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