No es la primera vez que tenemos que comenzar el año lamentando la muerte de personas en una patera o en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Con más de 3.100 personas fallecidas o desaparecidas solo en el Mediterráneo durante el año 2017, según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones, lo contrario hubiera sido la noticia.
Este año comienza con siete personas ahogadas el lunes al mediodía cerca de Costa Teguise (Lanzarote), cuando trataban de llegar en patera a la isla. Se lanzaron o cayeron al mar cuando vieron a la Guardia Civil. El cuerpo entre cuyas misiones está “la atención y auxilio a los ciudadanos [...] y, en resumen, cualquier actuación que lleve al socorro, ayuda y protección del ciudadano”, es visto a los ojos de quienes se encuentran en peligro en una embarcación, como un peligro en sí mismo.
No deja de ser una paradoja. Sabemos hace tiempo que la Guardia Civil y las políticas migratorias dictadas por los distintos ministerios de Interior priman la seguridad por encima de esa protección o auxilio. Lo vimos en el paso del Tarajal en 2014, así como en 2012 cuando una patera que fue arrollada, precisamente en Lanzarote, por una patrullera del mismo cuerpo de seguridad.
Sin embargo, la cuestión trasciende de la mera responsabilidad de la Guardia Civil, sin pretender desmerecer. Vale la pena pararse a valorar una cuestión no menor. En Canarias cuentan con toda la tecnología disponible puesta al servicio del control de fronteras. No sólo por albergar la sede del Frontex, sino también por la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), en el que el Gobierno de España se gasta cada año una cifra imposible de evaluar pero que en sus inicios, allá por 2002, venía a alcanzar los 200 millones de euros.
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