72 horas es el plazo máximo legal que una persona migrante puede estar bajo custodia policial a efectos de identificación antes de ser deportada o puesta en libertad, con o sin una orden de deportación. Tres días en los que las recién llegadas a territorio español se hallan privadas de libertad en dependencias policiales que, a lo largo de los años, han cambiado en función de las circunstancias: polideportivos, instalaciones portuarias o cárceles sin licencia de apertura —caso Archidona— y hasta un cocedero de Mariscos han servido como centros de detención improvisados en el pasado.
72 horas después de su entrada en el sistema, las personas migrantes tienen derecho a salir del CATE. Entonces, desde los centros de Motril o de Algeciras, se les insta a que se dirijan a una ciudad. Es entonces cuando comienza una nueva fase del conocimiento de las fronteras interiores de la Unión Europea, una fase que, si no hay suerte, estará marcada por otras siglas, las de los CETI o los CIE.
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