Carabineros de Chile es una policía militar; fue fundada por un dictador (Carlos Ibáñez del Campo) durante la primera Dictadura que sufrió el país en el siglo XX; desde sus orígenes desarrolló acciones represivas (los asesinatos de Jaime Pinto y Alberto Zañartu precipitaron el derrocamiento del propio Ibañez); durante todas las décadas de su funcionamiento ha violado los derechos humanos (hitos especialmente graves han sido la Matanza de Ranquil, la Masacre del Seguro Obrero y el Caso Degollados); estuvo activamente comprometida con la última Dictadura Cívico-Militar impuesta en Chile (numerosos casos de detenidos-desaparecidos sucedieron a manos de Carabineros e institucionalmente fue parte de la Junta Militar, que gobernó de facto al país); ha cometido faltas muy graves en sus procedimientos después de 1990 (los dos detenidos-desaparecidos en democracia, José Huenante y José Vergara, fueron víctimas de esta policía); protagoniza actualmente uno de los fraudes al erario público más grande que ha habido en nuestra historia y son casi diarias las noticias de abuso y descriterio policial ejercidos por carabineros.
¿Las cosas pueden ser distintas? Sí. El despliegue a nivel nacional de una policía militar como tenemos en Chile es una anomalía entre países medianamente civilizados, donde se entiende que la función policial NO es una función militar y las policías tienen formación, estructuración y cultura organizacional distinta a la de los militares. En buena parte del mundo, las policías son civiles, son entendidas como instituciones de servicio y están vinculadas a la administración local antes que a mandos nacionales. Por supuesto, eso no implica ni un ápice de ingenuidad: en el mundo hay organizaciones criminales y uno de los recursos con los que debe contar cualquier policía es con el uso de la fuerza, pero tener armas no significa tener una estructura ni una cultura militar a nivel institucional.
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