Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), denunció el uso que hacen del Código Penal para criminalizar y perseguir a los líderes ambientales y defensores legales de las comunidades indígenas.
“Hay derechos de las comunidades indígenas que se tienen que respetar antes de dar todas las facultades a estas empresas extractivas", refirió el abogado.
Asimismo, explicó cómo el articulo 200 del código penal, por delitos de extorsión, es una figura abierta y ambigua.
Dicho artículo, enmarca cualquier actividad que busque un beneficio del estado a través de medidas de fuerza, como las tomas de carreteras, paros, movilizaciones y otras acciones que las comunidades indígenas puedan usar para exigir un derecho.
"La protesta social se ha criminalizado a partir de ese párrafo agregado en el artículo 200 del código penal, en el 2007 en el gobierno de Alan García es el inicio del cómo se ha criminalización la protesta social y el primer caso que tenemos ahí es el de Bagua (2009)", indicó Quispe.
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