El acuerdo entre el gobierno y parte de la oposición parece ser un paso realista en la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana, en paralelo a la mediación de Noruega, y rompe el imaginario colectivo instalado por Estados Unidos y los medios hegemónicos sobre una polarización entre el gobierno constitucional y un universo opositor que se suponía lideraba Juan Guaidó, alegando supuestas mayorías.
La decisión envuelve el regreso del chavismo a la Asamblea Nacional, planteando una interrogante acerca de la futura correlación de fuerzas. Y también la liberación de alrededor de seis decenas de dirigentes opositores presos por diferentes causas.
Con este acuerdo el gobierno ha logrado reconocimiento por parte del universo opositor, lo que le saca validez a los alegatos de ilegalidad disparados desde Estados Unidos, Colombia y la Organización de Estados Americanos. Lo que ha quedado cuestionada es precisamente, la legalidad de Guaidó y su presunto liderazgo. Y su credibilidad, tras las fotos con narcotraficantes y paramilitares colombianos que, rápidamente, los cartelizados medios hegemónicos se esforzaron en invisibilizar.
La negociación del acuerdo se realizó en el marco «informal» del Grupo de Boston, de amistad parlamentaria venezolano-estadounidense constituido después del golpe de 2002, del que también formó parte el hoy presidente Nicolás Maduro, por lo que es de descontar que el gobierno estadounidense estaba al tanto de lo que pasaba o estaba por pasar.
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